Santiago de Compostela, 27 de octubre de 2025
- Rueda anuncia que el Consello autoriza someter a información pública y audiencia el anteproyecto con el fin de remitirlo al Parlamento en el primer trimestre de 2026.
- Con esta norma Galicia aspira a tener «una posición de vanguardia» entre las comunidades al dotarse de uno de los ordenamientos ambientales más innovadores y modernos del país.
- «Buscamos que Galicia esté mejor preparada para afrontar los retos ambientales y climáticos», destaca el presidente.
- La futura Ley apuesta por la simplificación administrativa al integrar trámites de competencia autonómica y local para evitar duplicidades y retrasos en las resoluciones.
- Clarificará el ordenamiento ambiental autonómico y ofrecerá más garantías a los promotores que quieran instalarse en la Comunidad, al tiempo que prevendrá conflictos judiciales interpretativos por la aplicación de las diferentes normas.
- Por primera vez será posible tramitar en línea todos los procedimientos ambientales.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello acordó hoy someter al trámite de audiencia y de información pública el anteproyecto de la Ley de Administración ambiental simplificada de Galicia, un texto con que aspira a actualizar y unificar el marco normativo vigente en la Comunidad y avanzar en la simplificación de los distintos trámites a los que se deben someter aquellas actividades y proyectos que puedan causar un impacto potencial sobre el entorno. «El objetivo es evitar duplicidades y eliminar ciertos trámites para agilizar el proceso conservando todas las garantías de que cumplen con la protección del medio ambiente», destacó.
La futura norma reforzará la seguridad jurídica que piden tanto los promotores de iniciativas económicas sujetas a evaluación ambiental como las propias administraciones encargadas de aplicarla, al tiempo que se agiliza su tramitación con plenas garantías pero evitando solapamientos y duplicidades, tal y como demandan los actuales retos climáticos y la normativa a nivel comunitario y estatal.
Para impulsar su tramitación, el anteproyecto legislativo se someterá a información pública y audiencia durante el plazo de un mes, concretamente de 29 de octubre a 29 de noviembre . En este período, el texto estará disponible en el Portal de transparencia para que cualquier interesado pueda presentar sus aportaciones y alegaciones, que serán analizadas después por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático con el fin de enriquecer el documento inicial y poder remitirlo al Parlamento ya como proyecto de ley en el primer trimestre del próximo año.
Hace falta recordar que el impulso de esta norma surge ante la dispersión de las regulaciones autonómicas sobre ordenación y evaluación ambiental surgidas en respuesta a la rápida evolución que sufrió el derecho ambiental en las últimas décadas, así como de la experiencia adquirida desde la aprobación en 1995 de la Ley de protección ambiental de Galicia.
Todo esto hizo recomendable revisar el marco normativo de la protección ambiental a nivel autonómico y sustituirlo por una nueva ley que sistematice, actualice e integre los distintos instrumentos de prevención y control de la contaminación de las actividades económicas que por su propia naturaleza pueden incidir en el ambiente y que lo haga de acuerdo con los nuevos retos sociales y climáticos -sobre todo, con los derivados de los objetivos de transición energética- y con el marco regulatorio comunitario y estatal vigentes.
De hecho, la Xunta aspira a situar Galicia en una posición de vanguardia respecto al resto de comunidades, y para eso quiere dotarla de uno de los ordenamientos jurídicos ambientales más modernos, ambiciosos e innovadores de todo el país para prevenir y controlar de forma integrada la contaminación derivada de ciertas actividades, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y promover la economía circular y la descarbonización.
Así, la futura norma autonómica garantizará que se cumplan los estándares de protección ambiental de la UE, que fue la punta de lanza de los últimos avances del derecho ambiental, e irá en línea con los objetivos del Pacto Verde europeo, que pone en el centro de las políticas de desarrollo socioeconómico el hito de conseguir la neutralidad climática en el año 2050, objetivo que la Xunta quiere conseguir en Galicia 10 años antes, tal y como se recoge en la futura Ley del clima, actualmente en tramitación parlamentaria.
Simplificación y agilización de procedimientos
Para conseguir los objetivos señalados, y de acuerdo con la tendencia actual a clarificar y facilitar cada vez más todos los procedimientos administrativos de la Xunta, la futura ley simplificará algunos de los trámites ya existentes, sin perjuicio del rigor en el análisis de los proyectos ni del mantenimiento de un alto nivel de protección ambiental que garantice siempre el más estricto cumplimiento del ordenamiento comunitario en esta materia.
La realidad es que la existencia de distintos instrumentos de intervención ambiental hace que los administrados deban tramitar varios procedimientos ante la misma consellería o ante entidades públicas adscritas a ella, duplicando en ocasiones trámites de consultas o de información pública. Esta situación va en contra de los principios de simplicidad, claridad, racionalización y agilidad que deben regir los procedimientos administrativos, y tampoco favorece la eficacia y la eficiencia ya que retrasa la puesta en marcha de actividades autorizables sin que esa tardanza implique una mejor protección.
Frente a esto, en la futura ley se apuesta por agilizar la tramitación de los distintos procedimientos de autorización y de evaluación ambiental; por la mejora de la coordinación entre las administraciones implicadas en su tramitación, fomentando la colaboración de todas las partes, y por una revisión de los actuales instrumentos de prevención y control ambientales -como la autorización ambiental integrada, la comunicación previa municipal o la evaluación ambiental estratégica de planes y programas- que actualice el régimen de algunos de ellos o mismo elimine pasos que se consideren innecesarios.
En concreto, y como ejemplo de las medidas con que se quieren evitar duplicidades o trámites innecesarios, la norma suprime la exigencia de que los promotores de instalaciones o actividades sometidas la autorización ambiental integrada común (AAIO) -que renombrará y sustituirá la autorización ambiental integrada actual- tengan también que comunicarlo previamente al ayuntamiento en que se desarrollará la actividad.
Asimismo, se crea un instrumento nuevo, la autorización ambiental integrada simplificada (AAIS), con la finalidad de trasladar y replicar el modelo integrado de prevención y control de la contaminación recogido en la AAIO -que afecta grandes industrias- a la tramitación ambiental de instalaciones industriales consideradas de menor impacto, reduciendo así cargas administrativas innecesarias al integrar en un solo procedimiento y en una única autorización los distintos trámites ambientales sectoriales. En este caso, tampoco será necesario que el promotor se lo comunique al ayuntamiento.
Por último, se mantiene el procedimiento de comunicación previa municipal para el resto de casos no sometidos la autorización ambiental, pero se integrará en ella el llamado informe de incidente ambiental, trámite que están obligadas a pasar con carácter previo determinadas actividades, detalladas en un de los anexos de la propia norma.
Más certeza y menos conflictividad
Frente a la dispersión normativa actual y para acabar con las posibles causas que generan inseguridad y mismo ponen en riesgo ciertas actividades y proyectos una vez autorizados, la futura ley también busca llevar a cabo una simplificación del ordenamiento jurídico ambiental de Galicia, reforzando, de este modo, la seguridad jurídica de los operadores sujetos a la intervención ambiental por la naturaleza de sus proyectos y, también, de las administraciones públicas que tienen que aplicar este marco legal.
Además, y gracias a la integración en un solo texto de toda la regulación de las principales técnicas de ordenación y evaluación ambiental, que actualmente se encuentra dispersa y fragmentada, la Ley de Administración ambiental simplificada también permitirá prevenir o minimizar la proliferación de conflictos judiciales interpretativos sobre la aplicación de dichas normas y, por lo tanto, proporcionará la seguridad necesaria para el asentamiento de actividades que requieren ser sometidas a este tipo de evaluación.
Un ejemplo claro en este sentido serían los proyectos para la implantación en Galicia de energías renovables y parques eólicos en particular, sectores declarados de interés público superior por su papel clave para la consecución de los objetivos de descarbonización y transición energética a nivel comunitario.
De hecho, el anteproyecto incluye varias disposiciones relativas a las reglas especiales para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos energéticos y a la aceleración del proceso de concesión de autorizaciones para iniciativas de energía eólica en determinadas zonas o de proyectos de renovación tecnológica, entre otros.
Procedimiento electrónico para todos los trámites
Por último, y como tercer eje, la ley tiene por objeto garantizar el acceso a la información y fomentar una mayor participación pública en los trámites ambientales. En concreto, prevé la creación del Registro Ambiental de Instalaciones de Galicia, para facilitarle información a la ciudadanía, y de la Plataforma gallega de información ambiental, que se configurará como un sistema de información permanente y de acceso público en línea que permitirá, además y por primera vez, tramitar por vía electrónica todos los procedimientos ambientales, incluidas las autorizaciones integradas y las evaluaciones de impacto.
De hecho, la puesta en marcha de esta nueva plataforma será especialmente relevante, ya que garantizará la posibilidad de presentar en línea trámites que ahora solo se pueden realizar de forma presencial, una opción muy demandada por promotores y agentes económicos por el ahorro de tiempo y molestias que supone.
A mayores, la ley también prevé la activación de los llamados puntos de contacto ambiental, donde se les prestará apoyo a los administrados para resolver consultas administrativas previas y en la tramitación de los distintos procedimientos de intervención ambiental de competencia autonómica, que suelen ser complejos y requieren de asesoramiento.
Asimismo, la norma gallega aspira a contribuir al fomento de las buenas prácticas ambientales entre las gallegas y los gallegos, para lo cual prevé instrumentos de acción voluntarios, como la posibilidad de suscribir acuerdos ambientales o de implantar sistemas comunitarios de gestión y auditoría ambiental.
Rueda resaltó que la finalidad de esta normativa es «que Galicia esté mejor preparada para los retos ambientales y climáticos» y que la Comunidad se sitúe «a la vanguardia a la hora de regular el impacto ambiental de empresas o industrias».
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